Lakum, 30/10/2016
Jáled Ubaamar
El asesinato abusivo del pescadero Mohsen Fikri en la ciudad de Alhucemas reabre el debate sobre la seguridad y los derechos humanos por la manera terrible en la que fue asesinado y que ha conmocionado a la opinión pública, que no ha aceptado que a un ciudadano se le quite la vida triturándole en un camión de basura cuando todavía estaba vivo e intentando ganarse su sustento, después de que las autoridades le quitaran el pescado que había comprado en el puerto de Nador, y lo arrojaran a un camión de la basura sin tener en consideración los sentimientos del pescadero, la pérdida que ello suponía para él y la dimensión de sus responsabilidades familiares. El argumento de las autoridades: que el pescado estaba en malas condiciones o que está prohibido pescarlo y venderlo en los mercados.
Según los expertos en temas de seguridad, hay tres preguntas esenciales que enmarcan el uso por parte de la policía de cualquier autoridad o competencia. La primera pregunta es si el uso de la violencia está contemplado por la ley, es decir, si es legítimo. La segunda pregunta es si el empleo por parte de la policía de sus competencias es absolutamente necesario, lo que se refiere al principio de autocontrol o contención. La tercera pregunta tiene que ver con si hay proporción entre la autoridad empleada por la policía y el delito cometido.
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El problema de la relación entre la seguridad y los derechos humanos es estructural y no puede ser resuelto sin una aproximación participativa en la que tengan cabida actores políticos, civiles y de la seguridad. En el caso de Marruecos el Ministerio del Interior, responsable de la seguridad en el país, debe tomar las riendas de la iniciativa y desarrollar la dimensión de los derechos humanos además de incluirla en la estrategia de trabajo de los aparatos de seguridad.
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Volviendo al asesinato abusivo de Mohsen Fikri, que ha sacudido a la sociedad y ha hecho estallar un gran debate político y de derechos humanos en las redes sociales dentro y fuera del país, este caso no exige en la actual etapa ni maniobras ni salidas para superar la indignación del pueblo y templar los ánimos, sino romper con la cultura autoritaria de justificarlo todo, con la represión y el abuso; lo sucedido exige una revisión de las prácticas y comportamiento de los funcionarios encargados de aplicar la ley que se contradicen con la ética y dan contra la pared con los derechos humanos.
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Viñeta de la página electrónica Baboui
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