El autoritarismo militar que gobierna en Egipto ha pasado a una nueva batalla de sus batallas para limpiar la revolución egipcia, a través de una campaña de hoy y de siempre contra las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que operan en el ámbito de las libertades, los derechos humanos y el apoyo a la mujer. Hace unos días se ha reabierto el expediente de las organizaciones de la sociedad civil que arrancaba en 2011 durante el primer gobierno militar tras la revolución de enero. El 4 de junio de 2013 los imputados fueron condenados a penas de entre un año y cinco de cárcel, la mayor parte de ellos en rebeldía, sobre todo los estadounidenses a los que se había sacado el país pocas semanas después de que se abriera el caso (…).
Hace unos días se abrió la “sucursal” egipcia del caso tras la creación de un nievo órgano judicial que se encargará de investigar este expediente conocido como el “caso de la financiación extranjera” y en el que las autoridades acusan a organizaciones civiles de recibir dinero del extranjero sin conocimiento del Estado lo que “supone una amenaza para la seguridad nacional”. Al moverse de nuevo el caso han sido convocados trabajadores y directores de estas asociaciones como Nagad al Barai, presidente de United Group, una asociación de abogados y asesores legales, convocado hace 3 semanas (…) o Gamal Eid, director de ANHRI entre otros.
(…). Lo que resulta interesante es que la actual campaña contra las organizaciones de derechos humanos está siendo dirigida desde el círculo censor y de inteligencia de la Presidencia de la República, que se encarga de gestionar la escena política en Egipto. La lista de las organizaciones que forman parte del expediente fueron incluidas en él con conocimiento de los aparatos de los Servicios Secretos Generales y de la Seguridad Nacional (antigua Seguridad del Estado). Se espera que otras organizaciones engrosen esa lista dentro de unas semanas lo que significa que los sectores encargados de la investigación tiene luz verde de los aparatos soberanos del Estado para dirigir imputaciones terroríficas contra los trabajadores de aquellas que pueden ir desde la recepción de dinero del exterior a la conspiración con la seguridad nacional o incluso a la traición máxima.
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Viñeta de Farid Nagui
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