El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pide a Marruecos que cumpla con sus responsabilidades con este territorio al validar los acuerdos establecidos entre Bruselas y Rabat. Se exige al reino magrebí que escuche a la población saharaui
Reda Zaireg
Middle East Eye, 24/03/2018
El martes 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia sobre el acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europa (UE) y Marruecos. Es muy similar a la que ya pronunció en 2016 sobre el acuerdo agrícola con Rabat: el acuerdo no queda invalidado pero, en su forma actual, no puede aplicarse al Sáhara Occidental. El territorio anexado en 1975 y controlado en su 80% por el reino alauí, se encuentra en el centro de un conflicto de cerca de medio siglo que enfrenta a Rabat con el Frente Polisario, un movimiento independentista que pretende establecer un república independiente en el Sáhara Occidental.
El acuerdo de pesca firmado entre Marruecos y la UE incluye el Sáhara Occidental en tanto que “territorio dependiente de la soberanía o de la jurisdicción del Reino de Marruecos”. Una fórmula que el TJUE ha considerado falseada, ya que, a pesar de que el territorio esté administrado por Marruecos y se someta a sus leyes, se trata, como ha recordado ese tribunal, de un territorio no autónomo y que, por lo tanto, no puede ser simplemente considerado un espacio más del reino.
Tanto para Rabat como para Bruselas, hay mucho en juego. El acuerdo de pesca conlleva un pago de 40 millones de euros y es a su vez una buena inversión para la UE: se espera que por cada euro invertido, el sector europeo de la pesca consiga 2,78 euros de valor añadido.
Se prevé acceso a un máximo de 126 navíos pesqueros de la UE y en el periodo 2014-2017, una media de 69 barcos pesqueros europeos solicitó autorizaciones de pesca. Las capturas realizadas por pesqueros europeos en aguas marroquíes se elevan a 83.000 toneladas por año, de las cuales, según un informe de evaluación de la UE, un 91% se producen en aguas del Sáhara Occidental, cuyos 1.200 kilómetros de costa separan Marruecos y Mauritania.
En 2017 Rabat aprobó dos textos que pretendían delimitar su espacio marítimo a lo largo del Sáhara Occidental frente a las islas Canarias y a “cimentar la tutela” del reino sobre estas aguas de estatus indefinido (Envisat/ESA)
La sentencia del TJUE da paso a varias consecuencias jurídicas y diplomáticas y además subraya el estatus problemático de Marruecos en el Sáhara Occidental.
España sigue siendo de jure la potencia administradora de ese territorio. De hecho, a pesar de que España abandonara esa colonia en 1976 y desde entonces se vea a sí misma libre de toda responsabilidad al respecto, sigue siendo considerada por la ONU la potencia administradora. Marruecos es considerado la “potencia administradora de facto”, pero ese estatus carece de fundamento jurídico.
“El principio de que los intereses de los habitantes están por encima de todo”
Tras haber sostenido durante años que los acuerdos no se podían aplicar al Sáhara Occidental, la comisión de la UE considera que “se pueden llevar a cabo acuerdos con el Reino de Marruecos sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental” apoyándose en el dictamen de Hans Corell, exsecretario general adjunto de asuntos jurídicos de la ONU. Según Corell, a pesar de que la ONU no haya reconocido Marruecos como potencia administradora de ese territorio, debido a que el Sáhara Occidental forma parte desde 1963 de la lista de los territorios no autónomos, el reino alauí está obligado a respetar las obligaciones que se imponen a las potencias administradoras.
En su artículo 73, la Carta de las Naciones Unidas exige a los Estados miembro que administran territorios no autónomos respetar “el principio según el cual los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo” y aceptar “como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, en el sistema de un sistema de paz y seguridad internacionales […], [su] bienestar”.
Otra de sus obligaciones consiste en consultar a la población regularmente o comunicar a la ONU información relativa a las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios de los que son responsables.
Desde la aparición de su dictamen en 2002, Hans Corell no ha cesado de pedir que se definan “auténticas reglas sobre la forma en la que el acuerdo beneficia a la población” (Facebook)
Desde la aparición de su dictamen en 2002, Hans Corell no ha dejado de denunciar las malinterpretaciones que se realizan de su dictamen e incluso su instrumentalización por la UE y Marruecos. Corell pide que se definan “auténticas reglas sobre la forma en la que el acuerdo beneficia a la población”.
“Si el acuerdo no se firma con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, o tras una consulta a este, y si las ventajas del acuerdo no revierten en la población del territorio, estará violando el derecho internacional”, decía en 2010 acerca del acuerdo de pesca entre Rabat y Bruselas.
Tras la sentencia, los países de la UE deberán cumplir con las disposiciones del derecho internacional relativas a los territorios no autónomos. Asimismo, dentro de esta óptica, la comisión pidió a los marroquíes un informe sobre el beneficio de estos acuerdos para la población local.
En el marco de las consultas llevadas a cabo por la UE para renovar los acuerdos, Marruecos envió a Bruselas representantes saharauis fieles al gobierno central, para que hablasen en nombre de los saharauis que viven en el territorio controlado por Marruecos, según Jeune Afrique.
De este modo, Marruecos ha conseguido incluir a “sus” representantes saharauis, tanto para cumplir con la exigencia impuesta a los Estados administradores de obtener el consentimiento de las poblaciones para explotar sus recursos naturales, como para hacer la zancadilla al Frente Polisario, que trata de mostrarse como el único representante de los saharauis.
Marruecos iniciará una segunda etapa con una serie de consultas sobre los acuerdos pesquero y agrícola con representantes de cada sector, los Consejos Regionales y la Cámara de los Consejeros, la cámara alta del parlamento marroquí.
Una guerra jurídico-diplomática
La decisión del TJUE se produjo tras el recurso presentado ante el Tribunal Supremo británico por Western Sahara Campaign, una ONG cercana al Frente Polisario, según el cual las autoridades británicas estaban incurriendo en la ilegalidad al aplicar ese acuerdo y dar permisos para pescar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental. La justicia británica remitió el asunto al TJUE, para saber si el acuerdo era conforme al derecho comunitario.
En 2016, tras un recurso presentado por la misma ONG, el TJUE dictó una sentencia que impedía que el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos se pudiese aplicar al Sáhara Occidental.
Aparte de los acuerdos firmados entre Marruecos y la UE, el Frente Polisario está manteniendo una guerra diplomática centrada en los fosfatos, el principal producto de exportación del Sáhara Occidental.
Las minas de fosfatos del Sáhara Occidental, situadas en Bucra, obtuvieron en 2013 ingresos de cerca de 276 millones de dólares, lo que supone casi un 6% de los ingresos del grupo OCP (Facebook)
Las minas situadas en Bucra, a 100 km al sur de El Aiún obtuvieron en 2013 ingresos de casi 273 millones. Desde 1962, la explotación de las minas saharauis es gestionada por Phosboucraâ, que, tras la anexión del territorio por parte de Marruecos, se convirtió en una filial del grupo OCP, la empresa pública de fosfatos marroquí. Las minas de Bucra suponen un 6% del volumen total de negocio de esa empresa, según una auditoría de KMPG.
Phosboucraâ es el principal empleador de la región, y dio trabajo a 2118 personas en 2013. De ellas, el 59% eran originarias del Sáhara Occidental, según la auditoría. Según la ONG Western Sahara Resource Watch, el volumen total de fosfatos exportados del Sáhara Occidental en 2016 ascendió 1,86 millones de toneladas, lo que supone un valor estimado de 213,7 millones de dólares.
Según la auditoría de KPMG, entre 1976 y 2013 el grupo OCP acumuló cerca de 3.700 millones de dólares en gastos en las minas de Bucra, y asegura que la totalidad de los beneficios han sido reinvertidos en el Sáhara Occidental.
La ofensiva del Frente Polisario en el frente de la extracción de los fosfatos del Sáhara Occidental parece estar llegando a buen puerto: en mayo de 2017, tras un proceso judicial iniciado por el Frente Polisario, el tribunal civil marítimo de Port Elizabeth (Sudáfrica) ordenó retener el buque mercante NM Cherry Blossom, que transportaba 54.000 toneladas de fosfatos por un valor aproximado de 5 millones de dólares.
El 23 de febrero de 2018, el Tribunal Supremo de Sudáfrica dictaminó que el propietario de la carga de fosfatos era el Frente Polisario y no el grupo OCP que, según el tribunal, no estaba autorizado a vender fosfato extraído del Sáhara Occidental. Sudáfrica, uno de los principales defensores de la independencia del Sáhara Occidental, considera a Marruecos la potencia de ocupación en la zona.
La incautación de la carga del NM Cherry Blossom se produjo poco después de la inmovilización de otro buque mercante cargado de fosfatos en Panamá. En este caso, a diferencia de lo sucedido en Port Elizabeth, la justicia panameña falló a favor de la empresa OCP. No obstante, el tema representa una preocupación para el gigante de los fosfatos marroquí, que teme que se multipliquen actos de este tipo.
Desplazando el conflicto al terreno de los recursos naturales, el Frente Polisario ha logrado sumergir a Rabat en una guerra jurídico-diplomática a nivel internacional. También ejerce presión sobre los socios comerciales de Marruecos, que durante años han mantenido un silencio ambivalente sobre la explotación de recursos naturales en el Sáhara Occidental.
Marruecos considera que se trata de una cuestión periférica y presiona fuerte para que se mantenga invisible. El asunto no había aparecido en documentos de la ONU hasta 2014, cuando su inclusión en el informe anual del secretario general ya suscitó malestar y quejas por parte de Rabat. Teniendo en cuenta su retorno a la actualidad, no sería sorprendente que el próximo informe también lo mencionase.
Guerra de representación
A pesar de todo, es posible que el fallo más importante del TJUE todavía esté por llegar.
De momento, se ha pronunciado exclusivamente sobre el alcance territorial del acuerdo, evitando mencionar el estatus de Marruecos en el Sáhara y si está autorizado para explotar sus recursos.
Sin embargo, se puede plantear la hipótesis según la cual podría verse obligado a hacerlo en el futuro, ya sea directa o indirectamente. Cuando el régimen del acuerdo se extienda al Sáhara Occidental, sea cual sea la fórmula que se utilice en el tratado para incluir ese territorio, se presentará una nueva oportunidad para que el Frente Polisario involucre a las autoridades europeas.
En principio, nada impide que lleve el acuerdo de nuevo ante los tribunales europeos y les interrogue sobre dos aspectos: ¿está Marruecos autorizado a explotar los recursos del Sáhara Occidental? Y en caso afirmativo, ¿bajo qué estatus?
En el fallo sobre el acuerdo pesquero, el ex fiscal del TJUE Melchior Wathelet defendía que Marruecos fuera considerado una potencia de ocupación en el Sáhara Occidental.
Recuerda que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental puede situarse tanto en el marco del derecho internacional humanitario como en el derecho aplicable a la explotación de recursos naturales en territorios no autónomos; y estima que los regímenes jurídicos aplicables a los territorios no autónomos y a los territorios no ocupados no son mutuamente excluyentes y que convergen en la condición que exige que la explotación de los recursos naturales debe hacerse para el beneficio de la población autóctona.
Teniendo en cuenta que el 91,5% de las capturas de buques pesqueros de la UE se realiza en aguas del Sáhara Occidental, el fiscal considera que los 40 millones que paga la comunidad deberían beneficiar casi exclusivamente a este territorio.
El TJUE deberá pronunciarse sobre otro asunto: en tanto que representante político de los saharauis, ¿está autorizado el Frente Polisario a defender los intereses de los saharauis en el territorio en disputa?
Hasta ahora, el tribunal ha esquivado este asunto aunque de las posiciones del ex fiscal Wathelet se podría deducir que no. En 2016, afirmaba que “su reconocimiento como movimiento nacional de liberación por parte de varios Estados, como representante del pueblo del Sáhara Occidental por la Asamblea General de la ONU, su adhesión como miembro a la organización internacional Unión Africana […] inclinan la balanza más bien en favor del reconocimiento de la personalidad jurídica que el derecho internacional reconoce a los movimientos nacionales de liberación”.
Sin embargo, aunque reconoce que el Frente Polisario representa a los saharauis en el proceso político y como tal puede personarse ante la justicia de la UE, Wathelet le niega cualquier interés jurídico en atacar decisiones y acuerdos de naturaleza económica. Estima, asimismo, que “la misión del Frente Polisario no concierne en absoluto cuestiones de orden económico y social”.
Esta disociación entre, por un lado, la representación de los saharauis en el proceso político y, por otro, la defensa de sus intereses comerciales ha sido criticada.
François Dubuisson, profesor en el Centro de Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, considera que la distinción propuesta por el fiscal es “totalmente artificial” y que los aspectos están inextricablemente ligados: “la soberanía permanente sobre los recursos naturales y el desarrollo económico están directamente asociados al derecho de autodeterminación del que constituyen a la vez una condición previa y consecuente”.
En todo caso, le toca a Marruecos mover ficha.
Inquietos por la repartición de las riquezas
Marruecos no deja de argumentar que las inversiones realizadas en la región superan los ingresos que recibe y que está realizando una política de desarrollo a marchas forzadas en la región (enfocada, como explica la geógrafa Karine Bennafla, a “arrimar el territorio en conflicto al resto del reino, siguiendo una lógica centrípeta de integración nacional”, y que participa en una política que “busca crear una situación irreversible en la zona”). No obstante, esta política de desarrollo no ha sabido reducir el paro entre los jóvenes, ni evitar el desamparo de parte de la población, ni contribuir a la redistribución de la riqueza.
La gestión política de Rabat en el Sáhara Occidental, apoyándose esencialmente en las estructuras tribales de la sociedad saharaui, ha conseguido que la tribu sea una prolongación del aparato del Estado que consolida el control social sobre la región a bajo coste.
De este modo, las políticas sociales y económicas han permitido comprar la paz social, pero esta gestión no ha conseguido crear un lazo nacional, ni una identificación de los saharauis con Marruecos. Al apoyarse en los notables de algunas tribus, la gestión de Rabat ha producido excluidos. El conflicto en el Sáhara Occidental ha modificado profundamente la representación de la saharauidad: se valoran los aspectos más meridionales, haciendo del extremo sur el polo de referencia para la identidad saharaui. Las identidades saharauis del norte se han visto desvalorizadas y se han construido “grados de saharauidad” que, para las poblaciones, se pueden evaluar en función de las ventajas económicas y sociales concedidas a las diferentes tribus de este territorio, como revela la geógrafa Claire Cécile Mitatre en un artículo sobre los Tekna, una confederación tribal que vive en el norte del Sáhara Occidental.
Al recurrir a los notables de las grandes tribus de la región, Marruecos también ha impedido una renovación de las élites y ha construido un techo de cristal para los jóvenes de la región.
Además de a la dificultad de acceder a posiciones de poder, los jóvenes saharauis se enfrentan a elevadas tasas de paro. Esta situación pone en tela de juicio las acciones del gobierno marroquí en la región.
La desigualdad en la repartición de las riquezas de la región ha dado lugar a protestas, de las cuales las más violentas se produjeron en 2010 en Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aiún. Los manifestantes reclamaban medidas sociales, económicas y políticas, con una dimensión identitaria subyacente. Los saharauis reivindicaban un tratamiento más justo y una mejor integración económica.
“De forma global, en la administración de los recursos naturales hay un déficit de información sobre las condiciones y criterios de acceso a estos” revelaba en 2013 el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA), un órgano de consultas promovido por el rey de Marruecos.
El CESA recomendaba que, en materia de recursos naturales, “las poblaciones y sus representantes sean consultados e integrados, y que obtengan beneficio justo y efectivo”.
A nivel interno, el gobierno marroquí ha decidido debatir los acuerdos a los que ha llegado con la UE tan solo con representantes de los sectores de la agricultura y la pesca, además de con los consejos regionales del Sáhara Occidental. Esta decisión puede ser vista como un intento de sectorizar y despolitizar estas cuestiones (que en el pasado fueran fuente de conflicto y han servido para la reafirmación de un “nosotros” colectivo) en lugar de optar por un debate más amplio con la población del Sáhara Occidental.
Si Marruecos fijase un verdadero marco de consultas y mecanismos para llegar a acuerdos con la población del Sáhara Occidental relativos a la explotación de los recursos naturales, los saharauis podrían tomar las riendas de su futuro y tener voz en los asuntos que les conciernen. Sin embargo, para que ello se produjese, haría falta reforzar los espacios de mediación y los dispositivos de consulta del Sáhara Occidental.
Traducido del francés por Leandro James Español Lyons en el marco de un programa de colaboración de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y la Fundación Al Fanar.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!