Reporteros Sin Fronteras ha escrito al rey de Jordania para trasladarle su preocupación por las enmiendas a la ley antiterrorista de 2006 aprobadas por el Parlamento jordano el 21 de abril y publicadas oficialmente el 1 de junio.
En la carta, Reporteros Sin Fronteras afirma tener conocimiento de las amenazas de seguridad en Jordania, especialmente desde de ataques suicidas, así como del impacto de la crisis Siria en la seguridad en Jordania.
Pero, pese a reconocer la responsabilidad del monarca en la protección de todos sus ciudadanos, RSF advierte que el arsenal legislativo para combatir el terrorismo viola las obligaciones internacionales del país de respetar las libertades fundamentales, incluida la libertad de información.
La ley antiterrorista aprobada en 2006 ya contenía la posibilidad, por ejemplo, de permitir que los sospechosos de terrorismo sean detenidos sin juicio y permitir que los tribunales de seguridad del Estado -con jueces militares- juzguen a civiles sospechosos de terrorismo en base a sus intenciones y no sus acciones.
Desde que se adoptó, las autoridades se han escudado con frecuencia en el necesario combate al terrorismo para acallar a la disidencia del país, violando así las libertades individuales y civiles de los ciudadanos jordanos. Varios civiles, incluidos periodistas, han sido llevados ante tribunales militares.
El último case es el de Jamal Al-Mouhtaseb, editor de la agencia de noticias Gerasa, que estuvo 21 días detenido, pendiente de juicio en 2012, y fue acusado de incitar a protestas gubernamentales. Fue juzgado por un tribunal especial, violando los tratados internacionales firmados de Jordania, incluido el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, que firmó en 1972 y ratificó en 1975.
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