Se ha traspasado el umbral: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución, así se titula el último informede Human Rights Watch, “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution” donde, en las 213 páginas de informe, se tacha de Apartheid el sistema al que están sometidos los palestinos por parte de Israel. La conclusión se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos y en los graves abusos cometidos contra palestinos que viven en el territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental.
El informe presenta la realidad actual en la cual una única autoridad, el gobierno israelí, está principalmente encargada de gobernar en el territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En esta zona, que está poblada por dos grupos de similar tamaño, el gobierno israelí favorece metódicamente a los israelíes judíos mientras que reprime a los palestinos, con aún mayor severidad en el territorio ocupado.
“Voces prominentes han advertido durante años que el apartheid acecha a la vuelta de la esquina si las prácticas de dominio de Israel sobre los palestinos no cambian”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución”.
El hallazgo de la existencia de apartheid y persecución no cambia el estatus legal del territorio ocupado, conformado por Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y Gaza, ni la realidad actual de la ocupación.
Acuñado originalmente en Sudáfrica, apartheid es un término jurídico que actualmente es usado de forma universal. La prohibición de formas especialmente graves de discriminación y opresión institucional, o apartheid, constituye un principio fundamental del derecho internacional. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales:
- Una intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro.
- Un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado.
- Actos inhumanos.
La referencia a un grupo racial se entiende actualmente no solo en relación con los rasgos genéticos, sino que también se basa en la ascendencia y el origen nacional o étnico, de acuerdo con la definición de grupo racial en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Human Rights Watch utiliza este concepto más amplio de raza.
El crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo definen el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario, consiste en la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo con intención discriminatoria.
Human Rights Watch descubrió que los diferentes elementos de estos crímenes están presentes en el territorio ocupado, como parte de una política única del gobierno israelí. Esa política consiste en mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos en todo Israel y en el territorio ocupado. En el territorio ocupado, esta política se combina con la opresión sistemática y los actos inhumanos contra los palestinos que allí viven.
En base a años de investigación sobre la situación de derechos humanos, casos de estudio y una revisión de los documentos del gobierno, declaraciones de funcionarios y otras fuentes, Human Rights Watch comparó las políticas y prácticas hacia los palestinos en el territorio ocupado e Israel con aquellas dirigidas hacia los israelíes judíos que viven en las mismas zonas. Human Rights Watch le escribió al gobierno israelí en julio de 2020, solicitando su perspectiva sobre estas cuestiones, pero no había recibido respuesta al momento de redacción de este documento.
En todo Israel y en el territorio ocupado, las autoridades israelíes han tratado de maximizar la cantidad de tierra disponible para las comunidades judías y de concentrar a la mayoría de los palestinos en zonas con mayor densidad poblacional. Las autoridades han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito públicamente como la “amenaza” demográfica palestina. En Jerusalén, por ejemplo, el plan del gobierno para el municipio, que incluye tanto la parte occidental de la ciudad como la parte oriental bajo ocupación, establece el objetivo de “mantener una amplia mayoría judía en la ciudad”, e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener.
Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos. La discriminación institucional a la que se enfrentan los ciudadanos palestinos de Israel incluye leyes que permiten a cientos de pequeñas ciudades judías excluir a los palestinos en la práctica, así como presupuestos en los que se asigna una fracción de recursos a las escuelas palestinas en comparación con los recursos asignados a las escuelas para los niños judíos israelíes. La gravedad de la represión en el territorio ocupado, incluyendo la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos mientras que los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozan de todos sus derechos, en virtud de una legislación civil israelí que respeta esos derechos, equivale a una opresión sistemática necesaria para la existencia del apartheid.
Las autoridades israelíes han cometido un amplio rango de abusos contra los palestinos. Muchos de ellos, cometidos en el territorio ocupado, constituyen abusos graves de derechos fundamentales y actos inhumanos necesarios para la existencia del apartheid. Estos incluyen amplias restricciones de movimiento por medio del cierre de Gaza y el régimen de permisos, la confiscación de más de un tercio de la tierra en Cisjordania, las condiciones adversas en partes de Cisjordania que resultaron en el traslado forzoso de miles de palestinos fuera de sus hogares, la negación de los derechos de residencia a cientos de miles de palestinos y sus familiares y la suspensión de los derechos civiles más básicos a millones de palestinos.
Muchos de los abusos que son fundamentales para la determinación de que se han cometido estos crímenes internacionales, como la denegación casi categórica de permisos de construcción a los palestinos y la demolición de miles de viviendas con el pretexto de que carecían de permisos, no tienen justificación en materia de seguridad. Otros, como la congelación de los registros de población que Israel mantiene en el territorio ocupado, la cual prácticamente bloquea la reunificación familiar de los palestinos que allí viven y prohíbe a los residentes de Gaza vivir en Cisjordania, utilizan la seguridad como pretexto para promover objetivos demográficos. Incluso cuando la seguridad es parte de la motivación detrás una política, no justifica el apartheid y la persecución, de la misma manera que no justifica el uso excesivo de fuerza o la tortura, dijo Human Rights Watch.
“Negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación abusiva”, señaló Roth. “Estas políticas, que conceden a los israelíes judíos los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan contra los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, reflejan una política que busca privilegiar a un pueblo sobre otro”.
Las declaraciones y acciones de las autoridades israelíes en los últimos años, incluyendo la aprobación de una ley con rango constitucional en 2018 que establece a Israel como el “Estado-nación del pueblo judío”, el creciente cuerpo de leyes que privilegian a los colonos israelíes en Cisjordania y no se aplican a los palestinos que viven en el mismo territorio y la expansión masiva de los asentamientos judíos y la infraestructura que los conecta con Israel en los últimos años, han hecho evidente la intención del gobierno israelí de mantener el dominio de los israelíes judíos sobre los palestinos. La posibilidad de que un futuro líder israelí algún día pueda forjar un acuerdo con los palestinos que desmantele este sistema discriminatorio no invalida la realidad actual.
Las autoridades israelíes deben desmantelar todas las formas de represión y discriminación que privilegian a los israelíes judíos a costa de los palestinos, incluyendo la libertad de circulación, la asignación de tierras y recursos y el acceso a agua, electricidad y otros servicios, así como la concesión de permisos de construcción.
La Fiscalía de la CPI debe investigar y procesar a quienes estén implicados de manera creíble en los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución. Otros países deberían hacer lo mismo, de conformidad con sus leyes nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal, e imponer sanciones individuales, incluyendo la prohibición de ingreso al país y la congelación de activos, a los funcionarios responsables de estos crímenes.
La determinación de que se han cometido crímenes de lesa humanidad debería impulsar a la comunidad internacional a reevaluar su aproximación hacia Israel y Palestina y a adoptar una política que esté enfocada en los derechos humanos y la rendición de cuentas, en lugar de enfocarse únicamente en el estancado “proceso de paz”. Los países deberían establecer una comisión de investigación de la ONU para examinar la discriminación y la represión sistemáticas en Israel y Palestina, y nombrar un enviado especial de la ONU para los crímenes de persecución y apartheid con el mandato de movilizar la acción internacional para acabar con la persecución y el apartheid en todo el mundo.
Los países deberían condicionar la venta de armas y la asistencia militar y de seguridad a Israel a que las autoridades tomen medidas concretas y verificables para poner fin a la comisión de estos crímenes. También deberían examinar los acuerdos, los planes de cooperación y todas las demás formas de comercio y diplomacia con Israel para detectar aquellas que contribuyan directamente a la comisión de los crímenes, mitigar los impactos sobre los derechos humanos y, cuando ello no sea posible, poner fin a las actividades y a la financiación que facilita la comisión de estos graves crímenes.
“Mientras que gran parte del mundo trata la ocupación israelí que ha durado medio siglo como una situación temporal que pronto será resuelta por un ‘proceso de paz’ que ya lleva décadas, la opresión de los palestinos en el territorio ocupado alcanza tal nivel y duración que cumple con las definiciones de los crímenes de apartheid y persecución”, dijo Roth. “Aquellos que luchan por la paz entre israelíes y palestinos, ya sea por medio de una solución de uno o dos Estados o por medio de una confederación, deberían mientras tanto reconocer la realidad actual y emplear las herramientas de derechos humanos necesarias para acabar con ella”.
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