Las monarquías del Golfo no han cumplido sus promesas de ayuda económica ofrecida a Marruecos tras la Primavera Árabe pese a que Rabat participa en proyectos políticos y militares como la guerra de Yemen que han desencadenado gran polémica en torno a su legitimidad legal. En plena Primavera Árabe, en el año 2011, Arabia Saudí presentó una iniciativa para la incorporación de Marruecos y Jordania al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), un paso para proteger a las monarquías árabes de la caída sufrida por las repúblicas como el Egipto de Hosni Mubarak o la Libia de Gaddafi. Entre las promesas del CCG había ayudas económicas (entre 300 millones y 1.500 millones de dólares anuales), suficientes para cubrir algunas necesidades sociales y compensar la caída de los ingresos del sector turístico. La sorpresa se produjo cuando el ministro de Economía de Marruecos y el gobernador del Banco Central del reino anunciaron que hasta el 2015 solo se habían recibido del CCG 400 millones de dólares.
Marruecos siempre ha defendido las políticas de los países del CCG con comportamientos polémicos como cuando el ministro de Exteriores marroquí convocó a la embajadora de Suecia en Rabat por unas declaraciones de la titular de Exteriores de ese país sobre la violaciones de los derechos humanos en el reino saudí. Pero el gran punto de inflexión ha sido la incorporación de Marruecos a la guerra de Arabia Saudí y de las monarquías del Golfo contra Yemen, pese a que se trata de un conflicto ilegal según expertos en derecho internacional y de la postura de algunos Estados como Gran Bretaña.
Algunas plumas políticas y algunos periodistas marroquíes afirman que el incumplimiento de esas promesas económicas por parte de los países del Golfo se debe a la crisis económica provocada por la caída de los precios del crudo. Pero ese dato, pese a ser real, no puede afectar a los compromisos de esos países con Marruecos porque estamos hablando de 1.500 millones de dólares a pagar entre todos ellos, lo que no significa más de 300 ó 400 millones de dólares por Estado, una cantidad irrisoria para sus reservas económicas.
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