Vice News, 21/05/2015
La visión a corto plazo de los políticos occidentales ha entronizado al mariscal egipcio Abdelfattah al Sisi tras su golpe de Estado de 2013.
Encuentros en el Palacio de la Zarzuela, la residencia del rey de España, o millonarios contratos de venta de armas firmados en El Cairo por Pedro Morenés, ministro de Defensa español, reflejan el apoyo sin fisuras de España a un régimen que lleva a Egipto a la radicalización y el caos, un entorno donde mejor sabe desenvolverse el Estado Islámico, que ya cuenta con una grupo leal en el Sinaí.
Pero el caos es el horizonte a medio plazo. A corto plazo, Al Sisi vende «estabilidad», una estabilidad basada en una represión más dura que la de la época de Mubarak.Y ante la falta de presión internacional el régimen sigue intensificando su estrategia represiva.
La semana pasada no fue una buena semana para Egipto. El sábado 16 de mayo el ex presidente Mursi era condenado a muerte por difundir secretos de Estado durante su mandato y su fuga de prisión durante la revolución de 2011. Las reacciones no han sorprendido: tímidas muestras de preocupación en Occidente, condena de representantes de la corriente islamista en varios países árabes y musulmanes y llamamientos a una nueva oleada revolucionaria de los partidarios de Mursi.
También hubo otro tipo de reacciones y contra-reacciones inmediatas: la misma mañana del sábado eran asesinados tres jueces en el norte del Sinaí y el régimen egipcio se precipitaba a calificar de «ignorantes«a todos aquellos que habían osado criticar la sentencia contra Mursi. Pero esta vez los salafistas egipcios no se quedaron al margen, rompiendo con la línea pragmática que adaptaron tras el golpe de Estado de julio de 2013, y algunos de sus líderes condenaron abiertamente el lunes la sentencia a muerte de Mursi.
Al día siguiente, domingo, eran ejecutados seis hombres por su supuesta pertenencia a la célula ArabSharkasque habían sido condenados en octubre de 2014 en el primer juicio militar contra el grupo AnsarBeit al Maqdis, filial de Estado Islámico en el Sinaí. HamdínSabahi, candidato a las dos elecciones presidenciales celebradas tras la era Mubarak y líder de la Corriente Popular, condenó en su cuenta de Twitter esas ejecuciones: «la pena de muerte no es la solución».
Un día antes, una orden judicial prohibía los grupos ultras de fútbol que fueron la vanguardia en muchos de los choques de los manifestantes durante la revolución con las fuerzas de seguridad de la época del gobierno del Consejo Militar (SCAF).
Cuatro días antes de que Mursi fuera sentenciado a muerte, el presidente egipcio Abdelfattah al Sisi se dirigía a la nación como cada mes en un discurso centrado en la economía en el que «vendió» los grandes proyectos de «desarrollo» que están en marcha sin olvidarse de tranquilizar a los ciudadanos sobre el mantenimiento de los precios en el mes de ramadán en puertas.
Estos ejemplos son una muestra de lo que vienen siendo los dos ejes de gobierno del mariscal: por una parte la aplicación de implacables soluciones securitarias acompañadas por continuas medidas destinadas a asfixiar la sociedad civil y la vida política y mediática, y por otra parte la ejecución de proyectos faraónicos que no van acompañados de proyectos de desarrollo reales.
El discurso del presidente del 12 de mayo ilustra a la perfección la filosofía económica del nuevo régimen: desarrollo es sinónimo de proyectos como el de la ampliación del canal de Suez y otros emprendimientos de construcción.
En los últimos diez meses, el Ministerio de Vivienda anunció la construcción de 70.000 viviendas para personas de renta media y a final de año otras 174.000 viviendas, lo que supone una inversión total de 25.000 millones de libras egipcias (3.000 millones de euros), según informa MadaMasr.
¿De dónde sale este dinero? El régimen egipcio ha apostado desde el inicio por las inversiones exteriores, que no terminan de llegar porque no termina de haber estabilidad en un país sin Congreso, con atentados casi diarios, y en una situación regional complicada. También apuesta por las donaciones del Golfo y por ideas como TahiaMasr, un fondo que desde 2013 recibe aportaciones de particulares movidos por el discurso del patriotismo y por insistentes campañas de captación, y con el que, según el régimen, se están financiando, entre otros, los proyectos de vivienda.
Pese a que el estado de excepción de la era Mubarak podría parecer cosa del pasado, las autoridades egipcias están intentando recuperar todas las restricciones que aquel imponía.
En noviembre de 2013 se aprobó la ley de manifestación que restringe el derecho de asamblea y da libertad absoluta a las fuerzas de seguridad para actuar contra los manifestantes además de reinstaurar los juicios militares a civiles, una de las principales victorias de la revolución de 2011.
Un año después se promulgaba la ley de las organizaciones de la sociedad civil que impone la presencia de representantes del Estado en los consejos de dirección de las ONGbajo el argumento de asegurar la transparencia en los ingresos. La ley se aplicó tras una dura campaña mediática contra los activistas de derechos humanos que ponía por encima de cualquier consideración la lucha antiterrorista.
Y desde julio de 2013 casi todos los medios de comunicación públicos y privados tienen una sola voz, aunque el periodismo virtual y ciudadano y las redes sociales ofrecen opiniones diferentes y siguen siendo un espacio de expresión libre pese a que también corren el peligro de ser controladas, como ya ha pasado con algunas de ellas, o de caer en la autocensura.
El país lleva sin Parlamento desde julio de 2013 y el pasado mes de marzo el Tribunal Supremo Administrativo declaraba inconstitucional la ley electoral por lo que los comicios, cuya celebración estaba prevista el 21 de ese mes, están aplazados.
Aunque Al Sisi dijo hace unas semanas que habría elecciones antes de ramadán, parece algo difícil teniendo en cuenta que hay que enmendar la ley y que la Alta Comisión Electoral debe reiniciar el proceso, fijar fechas y reabrir la presentación de candidaturas. Pero lo que realmente acabó con la vida política no fue una medida judicial sino la polarización política que generó el golpe del 3 de julio de 2013 donde los que no están con el régimen de Sisi son acusados de terroristas.
Las medidas económicas y políticas adoptadas por el régimen de Al Sisi para solucionar problemas enquistados desde hace décadas son pan para hoy y hambre y violencia para mañana.
La falta de soluciones reales de desarrollo y la arriesgada apuesta por medidas policiales y represivas agitando el espantapájaros del terrorismo solo pueden provocar una mayor radicalización de la población en las zonas más desfavorecidas, como ya estamos viendo en el norte del Sinaí.
Los factores para una nueva revolución siguen creciendo, pero todo parece indicar que si se produce un nuevo levantamiento popular la respuesta del régimen no será la de 2011.
¿Seguirá Al Sisi amparado internacionalmente por la lucha contra el terrorismo aún a riesgo de lleve al país a un punto sin retorno como en Siria?
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