En los últimos cinco años, los delitos de odio han aumentado en más de un 40%, según datos del Ministerio de Interior. En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 posibles delitos de odio, pero esa cifra es solo la punta del iceberg: se calcula que 8 de cada 10 de estos delitos no se denuncian, y por lo tanto quedan impunes. Así, otros informes hablan de alrededor de 6000 incidentes vinculados al odio al año. Son agresiones movidas por el racismo, la xenofobia, la lgtbifobia, el odio ideológico, la violencia estética y cualesquiera otras formas de discriminación.

Vivimos un contexto de aumento de la polarización y el extremismo, en el que estas conductas se han extendido además particularmente en nuevos ámbitos, como las redes sociales, que son hoy por hoy uno de los principales espacios de expresión de odio. Frente al odio cotidiano, las políticas públicas pueden y deben ser un importante cortafuegos, proporcionando recursos, asistencia y garantías para la no discriminación en todos los ámbitos de la vida.

En ese sentido, iniciativas como la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación promovida por el Ministerio de Igualdad y el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias del Ministerio de Interior representan importantes avances en los que seguir trabajando. También a nivel europeo, el Plan de Acción contra el Racismo (2020-2025) y la Conferencia por el Futuro de Europa entre otras iniciativas dibujan un marco fundamental al que la presidencia española de la UE en 2023 podría dar un impulso decisivo.

Este documento cristaliza un largo proceso de trabajo en este sentido. Durante dos años, más de 1300 jóvenes han participado en los talleres y encuentros del proyecto “COCO: Contra el Odio Cotidiano”, liderado por Cazalla Intercultural, Jovesólides y la Fundación Al Fanar. El proyecto COCO ha sido cofinanciado por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea. El proceso culminó en marzo de 2022 con un foro inaugurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el que cerca de 100 jóvenes se reunieron con 36 representantes del ámbito político, social y académico para poner en común ideas y estrategias para luchar contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia, la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios.

El resultado son estas ocho propuestas, una aportación para orientar el trabajo de instituciones y representantes políticos a partir de las vivencias y las prioridades de quienes viven el odio cotidiano y luchan para combatirlo.

 

1)  RECOGER DATOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN LA REALIDAD

Contar con información precisa y actualizada acerca de la situación de las personas que sufren odio cotidiano es crucial para poder desarrollar políticas públicas que realmente atiendan a sus necesidades. Es necesaria una recogida de datos exhaustiva y orientada de modo adecuado que permita conocer los niveles, ámbitos y formas concretas de odios cotidianos, de cara a determinar dónde, cómo y con quiénes trabajar para atender a problemas reales. En ella deben tenerse en cuenta todas las formas de discriminación en las que se manifiesta el odio: racismo, xenofobia, islamofobia, lgtbifobia, violencia estética entre otros.

2)  IMPULSAR LA LEGISLACIÓN CONTRA EL ODIO COTIDIANO

La lucha contra el odio cotidiano no puede depender de la buena voluntad: necesitamos avanzar en el marco legal que garantice la protección de los derechos de todas las personas. Es urgente impulsar la legislación en materia de igualdad y de lucha contra el discurso y los delitos de odio en todas sus formas, y proporcionar más recursos públicos para su detección y para el buen funcionamiento de la justicia, asegurando la capacidad de proteger a víctimas que se encuentran en una amplia variedad de situaciones.

3)  SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

En el caso concreto de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, el laberinto burocrático es una de las principales dificultades que deben enfrentar a la hora de regularizar su situación. Estas dificultades son también una forma de estigmatizar. Es necesario simplificar los procedimientos y ofrecer facilidades y recursos a quienes intentan obtener su NIE o su permiso de residencia, así como aumentar los recursos materiales y humanos para mejorar la atención y acompañamiento para tramitar las cuestiones relativas a extranjería, salud o educación, y simplificar los mecanismos de denuncia, haciéndola también accesible para quienes se encuentren en situación de irregularidad.

4) COMBATIR EL ODIO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Las instituciones y representantes de la ciudadanía deben ser adalides de una alianza para bloquear la información racista, xenófoba y discriminatoria en general y fomentar la visibilidad y el apoyo a los medios de comunicación, influencers y periodistas referentes por su contenido diverso, plural y libre de odio. Para ello se puede fomentar la creación de dispositivos específicos como un código ético eficaz en la lucha contra el odio y con garantías para su cumplimiento, incluso a través de sanciones a los medios que lo vulneren; una red de ciudadanía y profesionales capaz de llevar a cabo campañas accesibles de difusión y sensibilización, sobre todo a nivel local.

5)  FOMENTAR LA DIVERSIDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Para que las decisiones las tomen las personas a quienes afectan, es fundamental fomentar la participación política. Las personas racializadas o pertenecientes a cualquier otra minoría o grupo social estigmatizado tienen más dificultad para acceder a la primera línea política por los prejuicios y estereotipos de la sociedad.  En el caso de las personas migrantes y de origen étnico diverso, el acceso a esta se dificulta, además de por los prejuicios, por las condiciones materiales y de vida, así como por leyes y normativas diversas que obstaculizan su participación política, tanto en calidad de electores como de elegidos. Es necesario equilibrar estas dificultades con mecanismos de compensación y de garantía que promuevan su entrada en los espacios públicos y dinámicas que lleven a la participación política a todos sus niveles.

6)  FORMAR A PROFESIONALES DE DIVERSAS ÁREAS

Son muchos los ámbitos en los que las y los profesionales deben acompañar a personas que sufren o han sufrido odio cotidiano y ofrecerles ayuda y soluciones para su situación. Es necesario reforzar la formación especializada que reciben los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,  de la sanidad, docencia, ámbito judicial, trabajadores y trabajadoras sociales y demás profesionales, para potenciar su capacidad de identificar y atender de manera específica las situaciones que requieran un enfoque o intervención determinadas.

7)  EDUCAR EN DIVERSIDAD Y CONTRA EL ODIO

Los centros de aprendizaje y enseñanza tienen que ser espacios libres de odio en todas sus variantes. Es necesario implementar protocolos de prevención contra el discurso de odio, y que el profesorado reciba una formación que le permita convertirse en agentes de alerta contra el acoso escolar, y también intervenir en favor de la diversidad cultural, la educación emocional y la responsabilidad afectiva. Asimismo, los programas educativos a todos los niveles deben atender a la diversidad, con contenidos planteados desde una perspectiva diversa no centrada exclusivamente en lo occidental y sin sesgos discriminatorios. Se recomienda asimismo fomentar la creación de puntos seguros de encuentro físico en los que jóvenes dinamizadores, en coordinación con la dirección de los centros, ofrezcan apoyo al alumnado que lo necesite.

8)   CREAR EL “TELÉFONO LIBRE DE ODIO”

Siguiendo la estela de otros servicios similares como el 016 o el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica se debería crear un recurso de carácter estatal gratuito y que no deje rastro de asistencia telefónica y vía Whatsapp. Siguiendo el modelo de los teléfonos de atención a víctimas de violencia machista, este debe darse a conocer de manera masiva a través de campañas de comunicación de gran alcance; y dotarse con los suficientes recursos, especialmente con profesionales que tengan la formación y el conocimiento necesarios para ofrecer atención, información, asesoramiento y apoyo psicológico y jurídico a personas víctimas de delitos de odio en cualquiera de sus variantes.

Acceso a la infografía completa en pdf

 

Participantes en el Foro ‘Jóvenes contra el odio cotidiano’

 

Ámbito político

Pilar Llop, ministra de Justicia del Gobierno de España

Helena Dalli, comisaria Europea de Igualdad (UE)

Mónica Silvana, diputada en el Parlamento Europeo (PSOE)

Luc André Diouf, diputado en el Congreso de los Diputados (PSOE)

Irene Gómez, diputada autonómica en Les Corts Valencianes (Podemos)

Serigne Mbayé, diputado autonómico en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos

Antonia Pérez, concejala de Educación, Igualdad y Diversidad (Lorca)

Carlos Rontomé, vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura (Ceuta)

Teresa Franco, concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo (Murcia)

Diana Matos, secretaría de Movimientos Sociales y Asociacionismo de Juventudes Socialistas de España

Ferran Barberà , Juventudes PV (Compromís)

 

Ámbito académico

Ana Planet, profesora de Estudios Árabes e Islámicos (UAM)

Blanca Tapia, directora de programas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA)

Esma Kučukalić, profesora de la Universidad Europea y en el Máster de Periodismo Internacional (URJC)

Luz Gómez, profesora de Estudios Árabes e Islámicos (UAM)

Marie F. Pérez, técnica de la Agencia Nacional Española (Erasmus + y CES)

Pilar Almenar, periodista

Pilar Garrido, profesora de Estudios Árabes e Islámicos (UMU)

Puerto García, subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia

Quan Zhou, ilustradora y novelista gráfica

Soledad Murillo, socióloga feminista (USAL)

Xose Ramil, profesor del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM)

 

Ámbito social

Abdelali Bariki, presidente de la asociación Azarquiel

Abdoulaye Cámara, representante de la asociación Benka Maliense

Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes

Ana María Gutiérrez, Colectiva Mujeres, voces y resistencias

Carmen Carrasco, vocal de Diversidad étnico racial del Consejo de Juventud de Madrid

Domingo Segura, coordinador de los programas de Sensibilización social para la Inclusión de Fundación Cepaim

Fatine Sakri, Junta directiva de CesÁfrica

Gerardo Gómez, presidente de AFS Intercultura

Mohamed El Amrani, presidente de la asociación Azahara

Rahma Basouri, presidenta de Casa Marruecos

Víctor Pool, representante de Poder Migrante

Tanana Traoré, presidenta AMAUV (Asociación de Mujeres Africanas de Valencia)

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